​Las guerras de independencia, si bien no destruyeron las estructuras económicas del país, sí afectaron lo suficiente como para tener desastrosos efectos. El sector más afectado fue la agricultura, actividad que no sólo perdió gran parte de su mano obra en el ejército, sino que también gran parte de las propiedades rurales debido a las campañas de independencia.

Al mismo tiempo, el crédito desapareció y las vías de comunicación estaban en tan mal estado que hacían prácticamente imposible transportar cualquier tipo de producto. A esto se le sumaba el cierre del mercado peruano, principal consumidor de las mercaderías nacionales, lo que, unido al reducido tamaño del mercado interno, hacía que la producción excediera al consumo.

En este contexto, los agricultores, obligados en gran medida por las circunstancias, se inclinaron a la crianza de ganado. Esta actividad logró mantener cierto nivel de importancia durante el siglo XIX,  hasta que  Argentina se constituyó como nación organizada.

Pero no fue sino hasta 1848, cuando se abrieron los mercados de California primero y Australia, la Polinesia e Inglaterra después, cuando la agricultura se convirtió en uno de los pilares de la hacienda republicana. Estos mercados externos activaron un “movimiento cerealista”, que fue consolidado por las políticas de ampliación de la línea férrea a las regiones centrales y sur del país.



Actividad Cerealera: mercados de trigo y harina

Ocuparon el primer lugar
Cant. de harina enviada
Perú en el período de 1841-1848 48 a 96 mil sacos
California en el período 1849-1853 150 a 500 mil sacos
Australia en el período 1854-1856 175 a 465 mil sacos
Perú en el período 1857-1863 140 a 240 mil sacos
Australia en el período 1864-1866 270 a 290 mil sacos
Río de la plata período 1867-1869 190 a 280 mil sacos

Entre las décadas de 1850 y 1870 tuvo lugar una importantísima expansión de las actividades agrícolas, especialmente en la zona central del país. Es así como desde 1834 a 1875 la cantidad de propiedades agrícolas existentes, al igual que su renta, se cuadruplicaron.

División del suelo y rentabilidad
Año N° fundos Renta ($)
1834 12.000 13.200
1854 29.635 28.000
1875 47.000 43.600

 

En 1871 se produjo una crisis internacional del trigo producto de la entrada al mercado de Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina, lo que suscitó la declinación final y definitiva del ciclo triguero. Si bien los mercados del trigo fueron capaces de autoabastecerse con bastante rapidez, la expansión territorial tras la Guerra del Pacífico (1879) amortiguó los efectos de la crisis, en la medida en que las provincias de Tarapacá y Antofagasta fueron adquiriendo notable importancia como mercados para la agricultura nacional. Gracias a esta nueva situación, el sector agrícola mantuvo su nivel de actividad hasta la década del 1920.

Para abastecer los nuevos mercados surgidos, se expandió el área cultivada, mediante la siembra de trigo en los territorios recién ocupados de la Araucanía, junto con renovar la producción de la zona central a través de la  vitivinicultura, el cultivo de frutas y sobre todo de verduras y legumbres.

Los procesos de crecimiento y diversificación de los cultivos agrícolas fueron acompañados por aumentos sustanciales en el rendimiento y en la productividad. Además, el ciclo triguero, heredó las estructuras socio-económicas que caracterizaron a la sociedad chilena hasta bien avanzado el siglo XX, al determinar la consolidación del poder terrateniente y la hacienda como institución agraria fundamental, determinando la formación de una sociedad rural con características especiales y típicas, que a la larga fueron identificadas como rasgos nacionales.

Al mismo tiempo, durante este período la fisonomía de la hacienda del Valle Central cambió. Se instauró plenamente la propiedad privada en los predios, construyeron bodegas, casas de material más sólido en los fundos, pueblos para inquilinos y se implementaron diversos sistemas de regadío en el Valle Central, además de imponerse grandes extensiones de tierras. Un ejemplo es Melipilla que, hacia 1789-1794, comprendía 250 leguas cuadradas con más de 9 mil habitantes y que era propiedad de 24 hacendados.

En las haciendas, el régimen laboral que proveyó la mano de obra se estructuró de distintas maneras. Primero se encontraba el inquilino, mano de obra permanente en los campos chilenos, que vivían en la hacienda en la que trabajaba y dependían en su totalidad del patrón y su buena voluntad. Alrededor de las haciendas existían concentraciones de población y pequeños propietarios que también proveían mano de obra. Si bien la mayor parte de estos pueblos eran independientes en términos de posesión, no lo fueron en lo que se refería a la autoridad y el poder político de los terratenientes. Por último, se encontraban los peones quienes se dedicaban a los trabajos agrícolas de carácter temporal o pasajero, y provenían de la tradicional masa de vagabundos que recorrían los caminos del país.

Número de inquilinos y peones en Chile 1935-1955
Tipo 1907 1935 1955
Inquilinos hombres 149.220 87.316 78.531
Inquilinos mujeres 11.474 20.590 3.836
Medieros     26.861
Voluntarios y obligados   106.371 
Afuerinos   94.797 
Total 239.231 201.168 179.779

El carácter rural-hacendal de la elite nacional les facilitó el control del territorio y la población, quienes además de influir fuertemente en su reducto,  los hacendados también dominaban la vida política del país. Reflejo de esta situación, es que para 1874, 28 de los 96 diputados del Congreso y 17 de los 30 senadores eran grandes terratenientes, mientras que para 1900 las cifras habían aumentado a 58 de 94 diputados y 21 de los 33 senadores. Este grupo no perdió el control estatal hasta 1920 cuando se consolidó la clase media. Sin embargo y consecuentemente hasta la década del veinte, el Estado chileno se organizó de acuerdo a las pautas de la clase terrateniente.

La organización cooperativa de los terratenientes fue muy temprana, y se materializó el 18 de mayo de 1838 con la creación de la Sociedad Nacional de Agricultura. Este organismo se transformó en una instancia informal de asesorías públicas, ya que actuaba como una especie de Ministerio de Agricultura y se financiaba con fondos fiscales. A lo largo de ese siglo, la Sociedad gestionó y concretó la realización de los más importantes proyectos del área y  sus principales preocupaciones fueron la difusión de conocimientos y la promoción de estudios e investigaciones, que intentó propagar mediante la publicación de un boletín.
Boletín para el Agricultor Chileno. Manual del hacendado chileno. Manuel José Balmaceda (1875).
Esta publicación tuvo bastante influencia sobre los agricultores, por ejemplo, entre 1871 y 1872 este manual tuvo el efecto de homogeneizar el tipo de contrato con los inquilinos y diversos tipos de personal que allí funcionaba.
El autor, fue uno de los más importantes agricultores de la época. Creía que tenía la obligación moral de educar a los hacendados. Este manual fue una suerte de guía para los agricultores acerca de la norma de trato que se debía seguir con la mano de obra, y sobre el funcionamiento general de las haciendas; en éste el rigor es claro y los castigos severos.
Además de medidas tendientes a generar conocimientos técnicos aplicables a las practicas agrícolas y crear instituciones para su difusión, la comunicación del territorio y las posibilidad de sacar los productos agrícolas del campo a las ciudades y los puertos, fue la primera preocupación de los hacendados, los que lograron durante el gobierno de Bulnes (1841-1851) una política especial: la Ley de Caminos en 1842. Este hecho permitió la expansión agrícola de la década siguiente. Sino hubiera habido un territorio mínimamente comunicado, no habría existido la posibilidad de responder a los requerimientos de los mercados californianos. También era sustancial para constituir un Estado fuerte que tuviera real dominio sobre el territorio centrándose en el espacio rural de la zona central.  

Manuel José Balmaceda. “Manual del Hacendado chileno”. Boletín para el Agricultor Chileno. Santiago, 1875.

A fines de 1869, se efectuó la Exposición de Agricultura, instancia que además de poner el tema de la maquinización en la discusión de los agricultores, sirvió de partida para la realización de exposiciones anuales y para conectarse entre ellos, ya que hasta ese minuto se encontraban en completo aislamiento. Producto de este acercamiento inicial se congregó el 26 de septiembre de 1875 la primera reunión del Congreso de Agricultores, en cuyas diferentes sesiones se analizaron en profundidad los problemas o defectos de la anticuada legislación de aquella época y la manera de remplazarla con principios más modernos; casi todas las reformas propuestas fueron más tardes incorporadas a la legislación.

Dichas propuestas se inspiraban en las ideas europeas más avanzadas de la época, las que abogaban por tecnificar las faenas agrícolas. Se trataba de racionalizar los fundos, intensificar su producción y mejorar las condiciones laborales y de vida del trabajador agrícola fomentando la educación de los inquilinos y su familia. Por otra parte, las discusiones surgidas en dicha instancia, evidenciaban el mayor problema que debieron enfrentar los agricultores producto del proceso de modernización nacional: la emigración de los trabajadores rurales. Por lo mismo, la eliminación del peón libre era considerada parte del progreso y se abogaba a favor del inquilinaje.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX –e igualmente encaminado a lograr la modernización del agro- el Estado dio el primer paso para establecer la enseñanza agrícola formal, mediante la creación de la Escuela Práctica de Agricultura (1851). Los esfuerzos continuaron, cuando en 1872 el Presidente de la República ordenó la fundación de un Instituto Agrícola, que complementara la labor de la Escuela Práctica mediante la preparación de ingenieros agrícolas y agrónomos. Ciñéndose al plan del gobierno, a principios de 1888, funcionaban en el país las escuelas de Elqui, Santiago, San Fernando, Talca y Concepción, a las que se sumaban la futura creación de otras dos, en Salamanca y Chiloé.

Los frutos de la enseñanza agrícola comenzaron a percibirse en 1879, con la graduación de los primeros cursos de agrónomos; ya que, la gran mayoría de ellos poseía tierras donde pusieron en práctica los conocimientos adquiridos. Además, el nuevo gremio fundó en 1910, la Sociedad Agronómica, que promovió el fomento y avance del sector agrícola nacional, además del nacimiento del Ministerio de Agricultura.

Sin embargo, en la práctica, la tecnificación de la producción fue limitada. Especialmente, debido a que la producción triguera no requería de mayores inversiones y cambios en la estructura de las haciendas, por lo que la escasa maquinización de la producción fue tardía, producto de la falta de mano de obra. En realidad, la modernización se topó con la poca visión económica – capitalista, por parte de los terratenientes, de los cuales sólo un pequeño grupo progresista, intentó ponerla en marcha.
Entre los años 1925 y 1930 se materializaron ciertas aspiraciones de los agricultores. Entre otras medidas se formó el Ministerio de Agricultura, se constituyó la propiedad austral, se organizó la Caja de Crédito Agrario, se mejoraron los caminos y se avanzó bastante en términos de legislación. Se dictaron gran cantidad de leyes destinadas al fomento de las actividades agropecuarias; entre las que destacan: los decretos leyes sobre Policía Sanitaria Vegetal y la Ley de Prenda Agraria primero y luego la de Crédito Agrario -que proporcionó a la industria lo que más necesitaba: créditos en condiciones favorables-.

A pesar de los esfuerzos antes mencionados, hacia la segunda década del siglo XX, la agricultura nacional se encontraba en bastante mal estado. Males tanto endémicos del sistema económico nacional como circunstanciales, provocaban la crisis de la actividad, además de los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, la política financiera general estaba sostenida a fuerza de empréstitos, cuyo pago debía hacerse con nuevos impuestos que gravitan sobre la agricultura; los fletes ferroviarios habían subido desproporcionadamente recargando los costos de producción con daño al consumidor y  productor; a lo que se le sumaba la negligencia para constituir legalmente la propiedad en la zona austral; la falta de elementos para asegurar la vida de la población de los campos; y por último, los elevados intereses sobre el capital.

Una de las principales consecuencias de la crisis fue la diferenciación interna de las haciendas por tipo y nivel de modernización. Durante la década del treinta, la agricultura volvió al refugio de sus prácticas habituales. Por otra parte, la crisis condujo a un aumento en las regalías de los inquilinos y a la desalarización de muchas faenas, lo que junto a la baja del precio de la tierra, permitió un aumento de las unidades campesinas independientes. Los inquilinos avanzaron sobre las haciendas, desarrollando sus economías campesinas no sólo para la subsistencia sino también para el mercado. En 1955 se calculaba que los inquilinos y sus familias sumaban 500 mil personas, o sea, un 8% de la población del país; explotaban el 2.4% de la superficie arable, lo que equivalía a 133 mil hectáreas; controlaban el 44% de la producción de maíz-frejol, el 12% de las hortalizas y eran dueños del 12% del total de vacunos del país, del 21% de los caballos y del 28% de los porcinos.